Abuso de la hospitalidad de
Costa Rica
El 2006 terminó con un torrente de expulsiones.
Individuos con nacionalidad colombiana. Muchos de ellos sospechosos de estar relacionadas con el principal cartel de las drogas colombiano las
Fuerzas Armadas "Revolucionarias" de Colombia (FARC).
El Ministro de Seguridad Pública Fernando Berrocal no
ahorró palabras para explicar la expulsión inminente de más de media docena de
colombianos no gratos: “Constituyen un peligro para la seguridad nacional y no
los queremos aquí”.
En diciembre del 2006, agentes de la Fuerza Pública
realizaron el mayor decomiso de armas de los últimos 30 años. El material
confiscado a la banda colombiana incluía: 15 fusiles de asalto M-16, 14 fusiles
de asalto AK-47, más de 60.000 cargas de munición, junto con pistolas y
granadas propulsadas por cohetes de procedencia rusa. Los oficiales de
seguridad creen que las armas fueron robadas en Nicaragua y estaban destinadas
a los rebeldes de las FARC, en Colombia.
El mismo día de la confiscación de las armas, la
policía arrestó a otros colombianos junto con dos cómplices locales, por
contrabandear 600 kilos de cocaína. Las drogas, encontradas en un microbús que
viajaba por Puntarenas, estaban destinadas al pago de las armas
contrabandeadas.
Algunos días después, las autoridades detuvieron una
lancha en la región de Palo Seco. Llevaba otra carga de fusiles de asalto, así
como también cerca de una tonelada de cocaína, Una vez más, se arrestó a
ciudadanos colombianos. También una vez más, las FARC aparecen como una fuente
para el intercambio de drogas por armas. Dos de los sospechosos colombianos
fueron deportados de inmediato.
En el mismo momento, un oficial de las FARC, que
aparentemente pasó años supervisando el tráfico de armas y cocaína a través de
Costa Rica, terminó bajo custodia en Colombia. Héctor Orlando Martínez fue
entregado a las autoridades colombianas. Agentes de la Dirección de
Inteligencia y Seguridad, junto a oficiales de Interpol, lo habían arrestado,
en agosto de 2006.
El oficial de las FARC había vivido en Puntarenas
durante años. Poseía un permiso de residencia, gracias a un matrimonio por
conveniencia con una costarricense. Sin embargo. Todavía restan algunas dudas
con respecto a su status como residente legal. Martínez ya tenía un registro
criminal en Colombia. Un dato que debería haber aparecido incluso en la
investigación más básica.
A pesar de adoptar la personalidad de un pescador de
Puntarenas, Martínez viajaba mucho al exterior, supuestamente para verificar
las operaciones de contrabando de las FARC.
Martínez y otros miembros del frente 48° de las FARC
atacaron el poblado de Bojaya, en el Departamento de Choco. Cuando los
pobladores buscaron refugio en una iglesia, los rebeldes de las FARC volaron la
iglesia. Murieron en la acción ochenta y cuatro civiles, incluyendo 46 niños, y
hubo 100 heridos más.
Otro residente extranjero con reputación de asesino
fue expulsado de Costa Rica en diciembre pasado. Jaime Humberto Restrepo, un ciudadano canadiense de nacionalidad colombiana,
fue devuelto a Toronto. Restrepo enfrenta cargos por el asesinato del
colombiano Mauricio Castro, en Toronto. Los investigadores canadienses creen
que tanto el asesino como la víctima eran traficantes de drogas y estaban
relacionados.
Como Martínez, Restrepo vivía en Costa Rica desde los
años 1990. También como Martínez, Restrepo viajó frecuentemente, probablemente
para supervisar las operaciones relacionadas con la cocaína. Se considera que
está relacionado con numerosas organizaciones de traficantes de Colombia y de
otros países Latinoamericanos. No se sabe si él también era un miembro de las
FARC o si simplemente cooperaba con los narcotraficantes de las FARC.
Como Martínez, Restrepo ha permanecido en custodia en
Costa Rica durante varios meses antes de su extradición. Fue arrestado en
julio. Policías fuertemente armados rodearon su casa en Palmares de Alajuela
pero lo arrestaron sin realizar ningún disparo.
Además de promover la violencia en otros países,
algunos de los residentes extranjeros de Costa Rica contribuyen con los
crímenes relacionados con las drogas en el país que los acoge. Incluyendo las
drogas decomisadas en Palo Seco, en diciembre pasado, el volumen total de
cocaína confiscada en el 2006 alcanza las 20 toneladas.